El Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), junto a grupos estudiantiles y sindicatos universitarios, ha llevado a cabo durante varias semanas manifestaciones pacíficas frente a la entrada de la Universidad de Panamá, en la vía Transístmica. Estas acciones buscan expresar el rechazo a diversas decisiones gubernamentales que consideran contrarias a los intereses del pueblo panameño.
Entre las principales exigencias se encuentran:
- Derogación de la Ley 462, al considerar que esta promueve pensiones insuficientes. Los manifestantes exigen un sistema de seguridad social solidario y digno.
- Rechazo a la reapertura de la mina, cuyo contrato fue declarado inconstitucional en 2023. La ciudadanía ya se pronunció en contra de la minería a cielo abierto por sus efectos contaminantes y las consecuencias negativas para la salud de la población.
- Respeto a la soberanía nacional, ante la firma del Memorando de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos.
- Cese a la criminalización de la protesta social, denunciando que el gobierno ha estigmatizado a varios sindicatos y ha reprimido a quienes se manifiestan.
- Fin a la represión policial, debido a denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones y procesos penales contra trabajadores que ejercen su derecho a protestar.
«¡Un pueblo unido jamás será vencido!» «¡Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos!» son parte de las consignas más repetidas durante las protestas.
El SITEN ha expresado su solidaridad con sindicatos de docentes, trabajadores de la construcción, del sector salud y estudiantes que también se han sumado a las movilizaciones. Desde el 23 de abril, los docentes del sector público mantienen una huelga indefinida en rechazo a las reformas del sistema de seguridad social.
A estas protestas se ha unido también el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), uno de los gremios más afectados por la represión, cuyos dirigentes han sido objeto de persecución, investigaciones judiciales y encarcelamientos.
Por: Irina Chan Castillo












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