Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional

Un grupo de abogados panameños manifestó su preocupación por la situación que vive el país en material legal y la crisis social tras la aprobación de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.  Durante una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, varios letrados denunciaron que se ha dado vulneración de derechos humanos, criminalización de protestas, abuso de judicialización, dureza en la represión policial, persecución de dirigentes estudiantes y sindicales.

El decano de la Facultad de Derecho, Hernando Franco, indicó que esta unidad académica respetuosa de los derechos humanos es un lugar abierto para el debate, por eso “nos hemos permitido dar cobijo a esta comisión de colegas que han venido aquí, para exponer sus quejas y en defensa de los derechos de las personas que están siendo perseguidas excesivamente”.

Reconocemos que el país atraviesa una situación difícil y que lo que más se necesita en este momento es diálogo.  El Consejo Académico ha propuesto recientemente que la Universidad de Panamá sirva como sede para facilitar ese proceso de concertación. Creemos firmemente que la Universidad debe mantener sus puertas abiertas como un espacio de encuentro, donde se pueda dialogar y buscar soluciones a la preocupante situación que enfrenta el país, señaló el decano.

El abogado Arturo Trelles, dio un informe detallado de la situación legal de los estudiantes universitarios que han sido judicializados (17 en total), por participar en distintas protestas. Explica que hay trece casos que se ventilan en el sistema penal acusatorio y cuatro a niveles de juez de paz.

Agrega que hay una serie de situaciones, que, a todas luces, vulneran los derechos de estos estudiantes que han sido judicializados. Mencionó, por ejemplo, que, seis estudiantes del campus Harmodio Arias (Domo Curundú), que fueron judicializados y tienen medidas cautelares de reporte, el Ministerio Público solicitó la detención provisional.

La semana pasada fue allanada la residencia de un estudiante que en el año 2023 fue judicializado y que gracias a la acción de la defensa se logró su no vinculación a ese proceso acusado por el tema de las protestas, específicamente de las minas. Pero su residencia fue allanada la semana pasada, sobre pretexto de que había un arma de fuego.

También fue empadronada la residencia de un estudiante de la Facultad de Derecho, perteneciente al grupo estudiantil MJP, en la cual llegaron a preguntar si residía en esa área, si los familiares iguales se encontraban en esa residencia.

Para el 2 de julio hay una diligencia en el Ministerio Público de fijación de imágenes por los hechos que se dieron afuera de la Universidad con un sub comisionado y una estudiante, pero giraron un oficio para el 25 de noviembre que es la fijación de puntos a donde van a estar las dos partes afuera de la Universidad.

Mientras tanto, los estudiantes siguen con una violación de su garantía que son reportes periódicos en el Ministerio Público. Hoy hemos demostrado todas nuestras pruebas de la desvinculación de los estudiantes a estos hechos, pero fijan esta fecha lejana para mantenerlos apegados a este proceso.

El abogado José Calloway, habló sobre la necesidad de una separación del poder ejecutivo, judicial y legislativo, anunciando que ellos enfrentarán legalmente todas las arbitrariedades que se cometan contra sindicalistas, maestros o estudiantes, porque a su juicio hay persecución de dirigentes y mencionó como ejemplo el caso de Genaro López y Saúl Méndez.

Sostiene que se ha visto represión en contra de gente inocente a nivel de todas las provincias y comarcas, incluso en los domicilios de las personas sin orden de allanamiento, bombas lacrimógenas a menores de edad, reprimidos, golpeados, maltratados. Dijo que la protesta es un derecho y la han judicializado para infringir miedo.

El abogado Rubén Castrejo, explicó la situación de los trabajadores que han sido judicializados en la protesta (89) cinco de los cuales enfrentan procesos penales y 600 han sido arrestados.

Advierte que se está judicializando la protesta social y se están persiguiendo a los dirigentes. En este sentido, hizo el llamado al Órgano Judicial que ejerza el rol de garantizar una tutela de la justicia efectiva, a los jueces de garantía que garanticen los derechos tanto de la víctima como del imputado, y que no se parcialicen con el Ministerio Público para ordenar detenciones arbitrarias en contra de las protestas y los dirigentes sociales.  Esto es preocupante, a su juicio no hay un Estado de derecho, se violentan derechos humanos, se violentan garantías procesales y esto es peligroso.

El letrado, Felipe Cabezas, explicó la situación jurídica de los detenidos en protesta en la provincia de Colón, donde hay 25 personas aprendidas, de las cuales 4 son mujeres, 21 hombres; 19 de estas personas han sido llevadas ante la instancia de la Casa de Paz y 6 ante el Ministerio Público.  Anota que en los casos registrados en esa provincia hay una violación al estatuto de la Policía Nacional, en varios de los casos registrados tanto en los procedimientos como en la fuerza empleada.

El abogado, Genaro López Bultrón, narró el manejo que se ha dado al caso de su padre el dirigente sindical Genaro López, quien se mantiene detenido y será trasladado a un centro penitenciario, y que a su juicio se le han vulnerado sus derechos con un caso amañado.

Critico además la posición del Colegio de Abogados al guardar silencio y le instó a recordar que eso no puede pasar en un país donde los abogados, en este momento, precisamente auxiliares de la justicia, están obligados a garantizar que el Estado de derecho y la tutela de las garantías constitucionales sea efectiva, sea eficaz y opere el sistema.

Por: Irina Chan Castillo / Foto: Irina Chan Castillo