Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional

Por: Jorge Rodríguez /Secretario de Relaciones Comunitarias y Ambiente del SITEN

Para el Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN),  es un mérito del pueblo panameño la lucha histórica que realizó en defensa de la patria entre octubre y noviembre del 2023, cuando se aprobara, en el Consejo de Gabinete (gobierno del PRD) y después en la Asamblea Nacional de Diputados (por casi todos en menos de 24 horas), el proyecto de ley 406 del 20 de octubre de 2023, que permitía el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.».   Se trataba de un contrato que vendía al país a la transnacional First Quantum Minerals y que a los únicos que beneficiaría era al poder económico y su casta social, ya pronto llegamos al año de estos eventos y el problema de la mina sigue en un limbo.

Tras años de denuncia, desde mediados del 2005, diversos sectores del país ya venían señalando la preocupación y los graves problemas que significaría desarrollar un proyecto minero en el Corredor Biológico Mesoamericano (pulmones del mundo). Un megaproyecto sinónimo no solo de destrucción y contaminación, sino también de extorsiones, desalojos, persecución, represiones, como el saqueo de las riquezas naturales.

Tras impuesta la ley 406, el pueblo se movilizó, en todos los rincones del país, por tierra y agua, con distintas acciones de protesta,  en rechazo a la venta de la patria,  defensa de la soberanía y contra todo lo que representaba el proyecto extractivista minero de FQM y el resto de los  proyectos mineros que hay en todo el territorio panameño.

La resistencia del pueblo se manifestó en las áreas más apartadas del campo, entre las montañas, en las calles, a lo largo y ancho de toda la carretera Panamericana.  Qué decir de las hazañas de los denominados héroes del mar, siendo algunos judicializados. Hasta el día de hoy existen aún casos en los tribunales con demandas cobardes e injustas, mientras que quienes vendieron al país y sus cómplices que violaron 25 artículos de la Constitución, siguen libres y sin ningún tipo de cargo y cero posibilidades de condena.

Octubre y noviembre de 2023, meses en que el pueblo dijo: ya no más.

El pueblo salió a las calles y levantó con fervor patriótico la bandera de Panamá, junto a todos aquellos símbolos de las luchas populares y los movimientos sociales: banderas, pancartas, cartelones y otras expresiones de protesta, que representaban  a gremios, sindicatos, asociaciones, grupos, organizaciones, como personas no organizadas,  que exigían respeto y justicia en todo el territorio panameño.

El clima de represión, persecución, carcelazos, y muertes de compañeros de lucha, no fue motivo para claudicar a la defensa de Panamá, que había sido vendida a una transnacional minera. Tomás Cedeño, Agustín Morales, Iván Mendoza y Abdiel Díaz, son los mártires qué derramaron su sangre defendiendo a Panamá y los panameños, fueron asesinados mientras luchaban por el derecho a la vida digna.

El contrato ley que violaba 25 artículos de la Constitución, permitía a la trasnacional FQM (Minera Panamá) seguir robando y destruyendo el Corredor Biológico Mesoamericano, así como la economía y la parte social, mientras ya se estaba pensando cederles mucha más tierra a lo largo de 100 años o más de vida del proyecto.

La noche del lunes 27 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia, emitió el fallo de inconstitucionalidad del contrato ley 406, cuya ponente fue la magistrada presidenta María Eugenia López Arias. Al día siguiente, a primeras horas de la mañana, del 28 de noviembre, día de la Independencia de Panamá de la corona española, la propia magistrada López Arias, anuncia, a través de todos los medios de comunicación, la declaratoria de inconstitucionalidad. 

Esta victoria del pueblo representa un hito en la historia panameña tras una jornada de más de un mes, donde en masa, la juventud, obreros, campesinos, pueblos originarios, educadores, profesionales, ambientalistas y hasta trabajadores de la minería (quienes fueron secuestrados, golpeados y tirados a la suerte en un lugar solitario, y fueron denunciados como actos cometidos por la misma empresa en Donoso) salieron a decir que Panamá, no es un país minero.

Es importante y digno señalar que, la unidad y la presión en las calles del soberano en todo el país, como aquellas manifestaciones que se dieron fuera de nuestras fronteras, donde participaron  tanto  panameños como  de otras nacionalidades que se solidarizaron con la causa, hizo posible que la CSJ se viera en la obligatoria necesidad, de declarar inconstitucional el nefasto contrato ley 406.

Frente a este acontecimiento histórico, el pueblo demostró su amor a la patria, a su bandera y territorio, como a las presentes y futuras generaciones, pero también demostró que luchando juntos se pueden obtener grandes victorias que favorezcan a la gran mayoría, aquella que es golpeada diariamente con políticas de hambre y miseria, en un país de millones de dólares que se los reparten entre unos cuantos políticos y empresarios empeñados en priorizar sus cuentas bancarias, sin tener la más mínima voluntad de resolver las necesidades del pueblo: acceso al agua,  a la salud, educación, ambiente saludable, trabajo con salarios dignos, viviendas adecuadas, el derecho a la vida digna, etc.

Panamá es un país secuestrado por una mafiocracia, que representa al poder económico y su casta social, donde candidatos a cualquier puesto de elección, como aquellas personas nombradas  de a dedo en un cargo público, parece no requerir de una condición moral como requisito para ocupar sillas o cargos públicos, siendo elegidos por una minoría de votos válidos dentro de esa gran mayoría votante, a merced de los empresarios nacionales y transnacionales que les patrocinan las campañas millonarias para que, una vez lleguen al poder, los representen a ellos y sus intereses de maximización de ganancia. 

Los medios de comunicación no escapan a esto, con propagandas engañosas y en donde los candidatos suelen estar vinculados a estas corporaciones, buscando desarrollar la publicidad para que uno de sus candidatos sea el que obtenga la victoria. Dicho lo anterior, la mafiocracia gobierna en conjunto con el poder de las empresas, quienes ocupan los mandos altos en cargos públicos para controlar, a su antojo y medida, todo lo que les represente ganar y ganar.

Desde el 1 de julio de 2024, hay un nuevo gobierno pro-empresarial en Panamá, presidido por José Raúl Mulino del partido R.M., quien ganó con el 34.5% de los votos.   El actual gabinete, junto a sus aliados, pretende pisotear la voluntad popular y volver a negociar la apertura del proyecto Minero en Donoso, con el cuento de “abrir para cerrar la mina”. 

Esta situación no nos resulta un secreto, ya que, durante la lucha del pueblo en las calles, diferentes organizaciones  y parte de la sociedad civil advertían que en la campaña del 2024 futuros candidatos a la presidencia u otros puestos de elección,  favorecerían proyectos mineros, tal como sucedió. La única candidatura, que no favoreció la venta de la patria y denunció los intereses pro mineros, fue la  que llevaba la propuesta “Por Una vida Digna”.

El actual presidente es recordado por haber sido ministro de Seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y haber enviado a la policía a reprimir brutalmente a los trabajadores bananeros en Changuinola y Bocas del Toro,   en julio de 2010, cuando el pueblo en estas y otras áreas del país, se opuso a la impositiva Ley 30 conocida como ley chorizo, donde uno de los puntos que trataba era la eliminación de los estudios de impacto ambiental, para dar paso expedito a proyectos como los de la  minería y se hicieran  sin necesidad de estas evaluaciones.

 Recordar nuestra historia de luchas es también hacer patria. Recordarnos quienes fuimos, quienes somos o queremos ser, reconocer nuestra identidad nacional como panameños, es preguntarnos si fuimos partícipes de estas u otras  y si queremos continuar construyendo el camino de la justicia social, ambiental y económica en un país de una y un millón de desigualdades, donde los sufridos, oprimidos y siempre vulnerables pertenecen a la clase pobre.

 Queremos concluir diciendo que la lucha contra la minería no ha terminado, la clara intención de abrirla por este gobierno nos debe mantener en estado de alerta y luchar juntos nuevamente en defensa de Panamá, por la protección del ambiente. No solo está en el tapete este macabro proyecto minero, sino también el reservorio multipropósito de Río Indio, entre otros.

Esa unidad y lucha deben permanecer frente a otros temas que también nos perjudican gravemente, tales como:  la privatización de la Caja del Seguro Social, reforma fiscal, el aumento del combustible, alza de la tarifa eléctrica, etc.

Es posible la victoria de toda lucha, si la hacemos juntos, como lo que somos:  un pueblo luchador.

 Sí, a una vida digna, NO a la minería, Panamá No se vende.